El presidente Luis Abinader ha establecido la Empresa Minera Dominicana, S.A. (EMIDOM), una entidad pública de capital estatal único destinada a la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, con un enfoque especial en las tierras raras. Esta iniciativa está formalizada en el decreto número 453-24.
“La República Dominicana cuenta con un considerable potencial en recursos minerales, como las tierras raras, que son fundamentales para la producción de tecnologías avanzadas, energías renovables y dispositivos electrónicos. La explotación sostenible de estos recursos es clave para fortalecer nuestra soberanía tecnológica y energética, además de impulsar el desarrollo económico, científico y tecnológico del país,” señaló un comunicado de la Presidencia.
EMIDOM será responsable de coordinar y ejecutar la exploración y explotación de estos recursos estratégicos, realizar estudios y consultorías para evaluar la viabilidad económica de los proyectos, y gestionar reservas fiscales mineras como la Reserva Fiscal Minera “Ávila” en Pedernales. También tendrá la capacidad de negociar contratos y alianzas con empresas internacionales.
Impacto en la Economía y Desarrollo Nacional
La creación de EMIDOM fomentará la transferencia de tecnología, la capacitación de personal especializado y la generación de empleos de calidad. Esto promoverá un desarrollo socioeconómico inclusivo y equitativo, con un fuerte enfoque en la protección ambiental y el respeto a las comunidades locales. Además, se anticipa que los ingresos derivados de la explotación minera se reinviertan en infraestructura, educación y salud, mejorando el bienestar general del país.
Gobernanza y Transparencia
La nueva empresa estará vinculada al Ministerio de Energía y Minas y contará con un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros, presidido por el Ministro de la Presidencia. EMIDOM se regirá por altos estándares de gobernanza y transparencia, garantizando que sus operaciones beneficien al Estado dominicano y a toda la sociedad.
Este decreto subraya el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible y responsable de los recursos naturales, asegurando que su explotación contribuya al progreso económico y social de la nación.
