Finjus y Adocco alertan sobre incumplimiento de la Ley 200-04 y su impacto en el derecho a la información y la libertad de expresión
La transparencia es un pilar fundamental de cualquier democracia, ya que asegura que los ciudadanos tengan acceso a información sobre el uso de sus recursos y las decisiones que afectan su vida. En República Dominicana, la Ley 200-04, conocida como Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, fue establecida hace 20 años con el propósito de garantizar este derecho esencial. Su misión es clara: abrir las puertas de las instituciones públicas para que la gestión gubernamental sea transparente y accesible.
Uno de los principios destacados en la ley es el derecho de los ciudadanos a investigar, recibir y difundir información y opiniones. Este principio es respaldado por diversas convenciones internacionales ratificadas por República Dominicana, obligando al Estado a asegurar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.
Desde que asumió el poder, el presidente Luis Abinader ha promovido la transparencia y ha instado a sus funcionarios a cumplir con sus responsabilidades y respetar los principios de rendición de cuentas. No obstante, a pesar de las recientes advertencias del mandatario para que se entregue a los medios de comunicación cualquier información solicitada en virtud de la Ley 200-04, varios funcionarios continúan desafiando esta directiva y obstaculizando el acceso a información de calidad y oportuna.
Entre los funcionarios que han incumplido la ley se encuentran los ministros de Agricultura, Limber Cruz; Educación, Ángel Hernández; el entonces ministro de Interior y Policía, Jesús “Chú” Vásquez; Cultura, Milagros Germán; el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez; el contralor General de la República, Félix Santana García; Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba, director del Gabinete de Política Social; y Felipe Antonio (Fellito) Suberví, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
El Grupo de Medios Panorama, compuesto por el canal de televisión VTV, el portal digital www.panorama.com.do y el periódico impreso Panorama, ha sido afectado por la falta de entrega de datos que no violan la privacidad de los funcionarios, sino que se limitan a información relevante sobre sus funciones públicas. En mayo, estos medios llevaron a los ministerios de Cultura, Agricultura y el CEA ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por no proporcionar información dentro del plazo establecido por la ley.
A pesar de haber presentado nuevas solicitudes en junio a varios ministerios y entidades, incluyendo los de Agricultura, Educación, Interior y Policía, la Contraloría General de la República, el Gabinete de Política Social y la CAASD, la respuesta sigue siendo insatisfactoria. Algunas entidades se han acogido a la extensión de plazo permitida por la ley, pero aún así siguen poniendo obstáculos para la entrega de la información solicitada.
El Grupo de Medios Panorama también ha presentado una denuncia formal ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dirigida por Milagros Ortiz Bosch, debido a la falta de respuesta a solicitudes de información sobre asesores contratados y sus salarios. La falta de respuesta ha llevado a la notificación y puesta en mora de estas instituciones mediante acto de alguacil.
Este incumplimiento de la Ley 200-04 por parte de las instituciones públicas plantea serias dudas sobre la efectividad de las calificaciones de transparencia otorgadas por la DIGEIG, cuestionando la eficacia de sus índices para medir la rendición de cuentas de las instituciones.
Organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos de oposición han expresado su preocupación por el desafío a la autoridad presidencial, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ha señalado que la negativa de algunos funcionarios no solo infringe la Ley de Libre Acceso a la Información, sino que también atenta contra el derecho a la información y la libertad de expresión. Castaños Guzmán subrayó la necesidad de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental asuma con mayor rigor su rol en la supervisión de la transparencia.
Por su parte, Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), lamentó que el cumplimiento de la Ley 200-04 se haya convertido en una mera aspiración. Expresó que la ley establece que toda información pública debe estar disponible en los portales de las instituciones, y cuando no se proporciona, debe ser solicitada. Sin embargo, esto no se está cumpliendo, y la información proporcionada es a menudo incompleta o de baja calidad.
De la Rosa Tiburcio sugirió que se debe enviar un mensaje claro y considerar acciones legales contra los funcionarios que no cumplen con la ley.
