La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada para conocer los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, Juan Alexis Medina Sánchez y los demás implicados condenados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Antipulpo.
El tribunal fue designado por el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Julio César Cano Alfau, a través de un sorteo aleatorio computarizado.
Los jueces que componen el tribunal de alzada son Doris Josefina Pujols Ortiz (presidenta), Rafael Armstrong Báez García, Daisy Indhira Montás Pimentel y Ramona Rodríguez López.
Se espera que en los próximos días la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación fije la fecha para la primera audiencia de este juicio en segunda instancia.
Antecedentes del fallo
El pasado 14 de agosto de 2025, el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias e integrado por Yissel Soto y Clara Castillo, dictó una condena de siete años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
Tanto la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como la defensa técnica de Medina formalizaron sus recursos de apelación en febrero de este año.
El resto de los coimputados que recibieron penas menores procedió de igual manera, buscando la variación de sus dictámenes.
Las estrategias de las partes
El proceso en la corte de apelación enfrentará dos posiciones radicalmente opuestas:
El Ministerio Público
Liderado por el procurador adjunto y director de Persecución, Wilson Camacho, dijo que el órgano acusador busca revocar la sentencia de siete años para que a Alexis Medina se le imponga la pena máxima de 20 años de prisión. Asimismo, la Pepca apela con el objetivo de revertir el descargo otorgado a 13 de los imputados en el proceso original.
La Defensa Técnica
Encabezada ahora por los abogados Wendy Lora y Omar Chapman, la defensa de Medina Sánchez persigue la anulación total de la condena, alegando presuntas irregularidades en la valoración de las pruebas y en la aplicación de la ley.
