El presidente Donald Trump ha prometido expulsar a millones de personas de Estados Unidos mediante el mayor programa de deportación de la historia estadounidense. No obstante, su agenda migratoria enfrenta diversas pruebas en los tribunales del país.
Por ejemplo, una corte federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que el gobierno de Trump no puede usar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos, lo que probablemente llevará a un enfrentamiento en la Corte Suprema.
Varias de las políticas del presidente afectan a cientos de miles —si no es que a millones— de personas. Estos son algunos de los esfuerzos del gobierno de Trump que han sido objeto de escrutinio judicial:
Ley de Enemigos Extranjeros
El gobierno de Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a personas acusadas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, con el argumento de que se trata de una fuerza invasora.
El gobierno deportó a personas que designó como miembros a una prisión de mala reputación en El Salvador, y argumentó que los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación. La Ley de Enemigos Extranjeros solo se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas: la guerra anglo-estadounidense de 1812 y las dos guerras mundiales.
Más de 250 de los hombres deportados por Estados Unidos a El Salvador fueron devueltos a Venezuela a principios de este verano en un complejo acuerdo negociado entre los tres países. Sin embargo, el litigio sobre el asunto continúa.
