Impactan negocios y pensiones dedicados a actividades ilícitas vinculadas a explotación sexual
Puerto Plata, República Dominicana.
El Ministerio Público, bajo las directrices de la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, y de la Dirección General de Persecución, ejecutó a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por su titular, la magistrada Yoanna Bejarán, múltiples allanamientos simultáneos como parte de la Operación Atlántico 2.0, dirigida a combatir estructuras vinculadas a la explotación sexual comercial de mujeres y otros delitos conexos en la provincia de Puerto Plata.
La operación fue desarrollada en coordinación con la Fiscalía de Puerto Plata, dirigida por el magistrado KelmiDunkan; la Fiscalía Especial de Sosúa, coordinada por la magistrada Patricia Lagombra; la Unidad Interinstitucional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), coordinada por la coronel Lidavel Pérez; la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM); la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET); la División de Investigaciones contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Policía Nacional; la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas, dirigida por la magistrada Dimercy Ávila; y con el apoyo de la organización internacional Anti Trafficking Bureau (ATB).
La intervención, desarrollada mediante un amplio despliegue táctico, operativo y de inteligencia, contó con la participación de ciento sesenta (160) miembros policiales y diez (10) fiscales, quienes ejecutaron de manera simultánea múltiples acciones focalizadas que impactaron los establecimientos identificados como La Choza Bar y Restaurante, Disco Drinks Río Verde Punto Final, Aparta Hotel La Paz, El Secreto Bar Disco y Masa Car Wash, señalados como presuntos puntos de operación utilizados para facilitar actividades ilícitas vinculadas a redes de explotación sexual y criminalidad organizada.
tres (3) pensiones y cuatro (4) centros de expendio de bebidas alcohólicas previamente identificados mediante labores de inteligencia, vigilancia e investigación criminal, por su presunta vinculación con actividades ilícitas relacionadas a explotación sexual comercial y criminalidad organizada.
Como resultado de la operación fueron rescatadas sesenta y dos (62) víctimas, de las cuales cincuenta y una (51) son de nacionalidad dominicana y once (11) de nacionalidad haitiana, evidenciando la magnitud de las actividades ilícitas que presuntamente se desarrollaban en los lugares intervenidos.
Asimismo, las autoridades procedieron al cierre de cuatro (4) establecimientos y al arresto de seis (6) personas, quienes serán presentadas ante el juez competente en las próximas horas para conocerles las medidas de coerción correspondientes, por su presunta vinculación con hechos relacionados a explotación sexual comercial y otros delitos conexos.
El Ministerio Público destacó el rol fundamental desempeñado por la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Puerto Plata y la Fiscalía Especial de Sosúa en la coordinación estratégica, territorial y judicial de las intervenciones, así como la colaboración operativa de la UITIMC, DICRIM, DEIDET, la División de Investigaciones contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Policía Nacional, la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y la organización Anti Trafficking Bureau (ATB), fortaleciendo la capacidad de respuesta interinstitucional frente a estructuras criminales que afectan la seguridad, la convivencia y la dignidad humana en zonas turísticas del país.
La operación evidenció la capacidad operativa, investigativa y de coordinación interinstitucional de la Fiscalía de Puerto Plata y de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), consolidando un modelo de persecución estratégica orientado al desmantelamiento de redes criminales vinculadas a la explotación sexual comercial y delitos conexos.
Las autoridades explicaron que la Operación Atlántico 2.0 forma parte de una política de persecución estratégica impulsada por el Ministerio Público, orientada no solo a judicializar a los responsables directos, sino también a desmantelar las estructuras logísticas, operativas y económicas que sostienen las redes de explotación sexual y criminalidad organizada en la región norte.
El Ministerio Público reiteró que continuará desarrollando operaciones focalizadas e intervenciones territoriales en coordinación con las distintas agencias de seguridad e investigación del Estado y organismos de cooperación, con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas, preservar el orden público y combatir de manera firme la trata de personas, la explotación sexual comercial y los delitos conexos en la República Dominicana.
