La entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano introduce cambios que podrían tener incidencia en procesos relacionados con hechos donde se determine responsabilidad por negligencia o imprudencia. Entre ellos figura el caso por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que mantiene la atención de la sociedad dominicana.
Durante el programa RD Debate: Código Penal, el abogado Miguel Valerio explicó que la nueva legislación establece de forma expresa la obligación del propietario de un edificio de velar por las condiciones del inmueble, una disposición que, según señaló, no estaba contemplada de la misma manera en el código anterior.
Nuevo Código Penal incorpora responsabilidad sobre el cuidado de edificios
Valerio sostuvo que el principio de legalidad penal obliga a tomar en cuenta las disposiciones establecidas en la nueva legislación y destacó que ahora existe una regulación específica sobre el deber de los propietarios respecto al cuidado de sus edificaciones.
El jurista consideró que los legisladores no debieron identificar esta disposición con un caso particular, aunque reconoció que la norma establece una obligación que anteriormente no aparecía de manera expresa.
Además, señaló que el nuevo Código Penal fortalece las disposiciones relacionadas con la imprudencia y la negligencia, aspectos que, a su juicio, habían quedado rezagados en la legislación penal dominicana.
Según explicó, la evolución responde también a los cambios de la sociedad moderna, caracterizada por una mayor exposición a distintos tipos de riesgos.
“La imprudencia es un punto básico y neurálgico de la regulación”, sostuvo Valerio al referirse a los nuevos desafíos que enfrenta el derecho penal.
Las penas por negligencia fueron reforzadas
El abogado destacó que el nuevo código no solo contempla principios generales para regular la imprudencia, sino que también incorpora artículos dirigidos a situaciones específicas.
A su entender, esto representa un avance frente al antiguo Código Penal, que contaba con una regulación más limitada sobre la materia.
Valerio reconoció que existen aspectos de la nueva legislación que pueden ser objeto de críticas. Sin embargo, consideró positivo que el país cuente ahora con un marco jurídico que, en esta materia, busca adecuarse a las condiciones de la sociedad actual.
En el caso del derrumbe del techo del Jet Set, estas nuevas disposiciones adquieren especial relevancia por el debate sobre las posibles responsabilidades derivadas del hecho.
Duración de los procesos judiciales también genera debate
Durante el programa también se abordó la preocupación por la duración de los procesos judiciales, especialmente en expedientes de gran complejidad y con acusaciones que contienen miles de páginas y numerosos testigos.
El abogado José Martínez Hopelman explicó que la extinción de la acción penal por la duración máxima del proceso no corresponde al Código Penal, sino al ámbito procesal.
De acuerdo con su explicación, el tiempo máximo para juzgar los casos pasó de tres años, cuando comenzó a aplicarse el Código Procesal Penal, a cuatro años mediante una reforma posterior y finalmente a seis años con el nuevo Código Procesal Penal de 2025.
Hopelman sostuvo que el Ministerio Público debe tomar en cuenta esos límites al momento de estructurar sus acusaciones y diseñar los procesos judiciales.
Abogado cuestiona extensión de expedientes complejos
El jurista puso como ejemplo la diferencia entre algunas acusaciones de gran impacto y citó el caso de Nicolás Maduro en Nueva York, cuya acusación, según indicó, tiene 35 páginas, frente a las 16,400 páginas de la acusación contra Jean Alain Rodríguez en República Dominicana.
Para Hopelman, esa diferencia evidencia la necesidad de que el Ministerio Público tome en consideración los límites establecidos por el legislador para la duración de los procesos.
El abogado también señaló que actualmente existe un debate sobre la posibilidad de extender esos plazos y si hacerlo de manera razonable resulta constitucional y legal.
Sin embargo, insistió en que el tiempo máximo de duración de un proceso constituye una garantía para los ciudadanos y, al mismo tiempo, un límite al poder punitivo del Estado.
Delación premiada: una figura que genera debate
Otro de los temas analizados durante RD Debate: Código Penal fue la figura de la delación premiada, mecanismo que permite otorgar determinados beneficios a una persona que aporta información sobre otros involucrados en un proceso penal.
El abogado Cándido Simón explicó que esta figura no es nueva en el sistema judicial dominicano. Según recordó, tuvo participación como uno de los co-redactores del Código Procesal Penal propuesto en 2002 y puesto en vigencia en 2004.
Simón señaló que desde entonces esta modalidad forma parte del ordenamiento procesal y que posteriormente fue mantenida en reformas parciales.
Delación premiada tiene influencia del sistema estadounidense
El jurista explicó que la figura tiene su origen esencialmente en el sistema judicial de Estados Unidos, donde una parte importante de los procesos penales puede resolverse mediante acuerdos previos.
En ese contexto, una persona puede recibir determinados beneficios a cambio de aportar información o colaborar con las autoridades en contra de otros involucrados.
Simón defendió la lógica de esta herramienta utilizando una comparación con el ajedrez para explicar que, en determinados procesos penales, puede ser necesario sacrificar algunas piezas para llegar a los principales responsables.
El debate sobre el nuevo Código Penal, por tanto, no se limita únicamente al aumento de penas o a nuevas figuras jurídicas. También alcanza asuntos como la responsabilidad por negligencia, los límites de duración de los procesos y el uso de mecanismos de colaboración dentro del sistema de justicia.
