La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló este lunes 25 adjudicaciones realizadas en el marco del proceso de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la confección y adquisición de zapatos escolares destinados a centros educativos públicos durante los períodos escolares 2025-2026 y 2026-2027.
El proceso, iniciado el 11 de septiembre de 2024, el cual recibió 172 ofertas y culminó con la adjudicación a 101 proveedores, de los cuales, 31 contratos presentaron deficiencias y vicios de procedimiento que afectan su validez.
Sin embargo, una investigación de oficio llevada a cabo por la DGCP reveló que 31 de estos contratos presentaban «deficiencias y vicios de procedimiento» que afectan su validez legal.
De ese total, 25 adjudicaciones fueron anuladas de manera definitiva, mientras que otras 11 ofertas serán objeto de una nueva evaluación. Además, se iniciaron procedimientos sancionadores para inhabilitar permanentemente a proveedores que presentaron documentación falsa, y los expedientes serán remitidos a las autoridades correspondientes.
Irregularidades graves y documentos falsificados
Entre los hallazgos de la DGCP destacan la evaluación técnica y económica de ofertas que no cumplían con los requisitos exigidos, incluso después de la etapa de subsanación. También se detectó que evaluaciones técnicas fueron realizadas por personas no designadas formalmente como peritos.
Asimismo, se documentaron visitas técnicas incompletas, ausencia de evidencias audiovisuales y discrepancias entre lo declarado por los oferentes y lo verificado por inspecciones en terreno. Siete de las nueve empresas vinculadas utilizaron las mismas fotografías de talleres, lo que evidenció un posible esquema de simulación o colusión.
- En algunos casos, los supuestos propietarios de locales ofrecidos no estaban al tanto de los acuerdos, y se encontraron indicios de falsedad en certificados y documentos crediticios, así como vínculos societarios entre oferentes que podrían haber vulnerado la libre competencia.
Además, muchas pólizas de garantía de seriedad presentadas no cumplían con los requisitos legales de ser irrevocables, incondicionales y renovables, lo que las invalida como respaldo del compromiso contractual.
