Mientras los dominicanos esperan los detalles de una propuesta de reforma fiscal que será presentada por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, surge el debate de si el tratamiento actual del sector agropecuario es suficiente o si se requieren ajustes adicionales para garantizar la competitividad en un escenario de transformaciones económicas.
Desde 2008, el sector agropecuario mantiene tres tipos de exenciones fiscales: la del anticipo del impuesto sobre la renta (ISR), la de impuestos sobre los activos y la de retención del impuesto sobre la renta a los pagos realizados por el Estado.
Desde su año de implementación, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgó las exenciones fiscales a para el sector agropecuario con el objetivo de contribuir a la recuperación del sector tras ser afectado en 2007 por las tormentas Noel y Olga, cuyos daños se estimaron en más de RD$14,500 millones.
No obstante, los productores señalan que las cargas fiscales indirectas y los altos costos de producción siguen siendo un obstáculo.
Según Miguelina Alba, empresaria agropecuaria, aunque las exenciones han sido útiles, el sector enfrenta incrementos en los costos de insumos como el maíz y la soya, que están sujetos a las fluctuaciones del mercado internacional. A esto se suman los gastos relacionados con la bioseguridad, la búsqueda de genética de calidad para mejorar la producción y la eficiencia operativa.
Además de los impuestos regulares, los productores deben cubrir costos de transporte, salarios y otros gastos operativos, lo que afecta sus márgenes de ganancia. “Muchos de nosotros estamos perdiendo dinero para producir alimentos para el país”, menciona Alba. “A veces nos vemos obligados a recurrir a otros negocios no relacionados con el agro para autofinanciarnos”, agregó.
Reforma fiscal
En cuanto a la reforma fiscal, Alba es cautelosa. “Esperamos que la reforma sea consensuada y acorde a la situación económica actual del país”, dijo. “Si bien el presidente ha mostrado prudencia, esta reforma podría representar un gran sacrificio para la población y el sector agropecuario”, añadió. También destaca la importancia del sector para la economía, subrayando que los productores locales no solo compiten con productos importados, sino que también generan empleo y contribuyen al producto interno bruto (PIB).
Oliverio Espaillat, productor arrocero, coincide en que las exenciones fiscales actuales no cubren todos los aspectos de la producción. Explica que, aunque los insumos como fertilizantes y tractores están exentos de impuestos, otros elementos, como los repuestos para maquinarias no lo están lo que implica un 18% del impuesto a la transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS).
Además, aunque ciertos equipos agrícolas están exentos de impuestos de importación, el proceso para acceder a estos beneficios requiere trámites específicos ante la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Dirección General de Aduanas (DGA). “Para importar tractores y otros equipos agrícolas, los productores deben solicitar a la JAD una carta dirigida a Aduanas, certificando el origen agrícola del equipo, para que se le quiten los impuestos”, aclara.
De acuerdo con las memorias de la JAD, en 2023 se procesaron 730 expedientes de solicitudes de exenciones ante la DGA por un valor de RD$454.9 millones, beneficiando a 131 empresas asociadas a la institución.
El DR-Cafta
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) traerá cambios a partir de enero del próximo año, cuando el arroz importado desde Estados Unidos entrará al país libre de aranceles y su límite de cantidad, lo que genera incertidumbre en los productores locales.
Espaillat también subraya las dificultades adicionales que enfrentan los productores, como los riesgos climáticos, que incluyen sequías, exceso de lluvias y tormentas, lo que, combinado con las cargas fiscales, plantea un desafío constante. “Considero que es suficiente con los impuestos que estamos pagando”, comenta, comparando la situación con la de otros países donde a los productores se les exonera del pago de combustibles o se les ofrece mayor apoyo.
Un informe de la DGA revela que de enero a junio de este año las importaciones que ingresaron al país acogidas a los acuerdos comerciales ascendieron a US$2,300.00 millones, mostrando un crecimiento de 1.85% en relación con el mismo período 2023.
Desde la implementación del DR-Cafta en 2006, se estableció un sistema de contingentes arancelarios para proteger determinados productos, entre ellos el arroz, que permite importar cantidades específicas como cuota máxima con un arancel del 0%, mientras que las importaciones superiores a este límite están sujetas a aranceles elevados, que han disminuido paulatinamente y que a partir del próximo 2025 será cero, además de que se elimina el límite en las cantidades a importar.
En 2006, el país podía importar 8,560 toneladas métricas de arroz con un arancel del 0%, mientras que el excedente debía pagar 99% de arancel.
Ese volumen ha ido aumentando año tras año. Para el año 2024, el volumen permitido bajo ese esquema alcanza 18,640 toneladas métricas y el arancel para cualquier cantidad que lo supere está en 11.88%. A partir de 2025, el volumen será ilimitado, lo que significa que cualquier cantidad de arroz importado estará libre de arancel.
Aunque en 2006 las importaciones excedidas por el volumen permitido se enfrentaban a un arancel del 99%, este porcentaje ha ido disminuyendo progresivamente. A partir de 2016, el arancel comenzó a reducirse gradualmente, pasando de un 91.08% en ese año al 11.88% en 2024. Para 2025, este arancel será eliminado por completo, permitiendo la libre importación de arroz sin cargos adicionales.
Los productores locales mantienen la esperanza en las gestiones, hasta ahora infructuosas, que está haciendo el Gobierno a los fines de lograr algún tipo de extensión de la protección arancelaria establecida en el DR-Cafta.
Sin embargo, a cuatro meses de finalizar el año, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que aún no se ha llegado a un acuerdo con las autoridades norteamericanas sobre la posibilidad de extender la protección arancelaria del arroz dominicano en el tratado.
Tasa cero para el arroz en 2025
Reto. A partir de 2025, el DR-Cafta podría generar un impacto en los productores dominicanos debido a la liberalización total de los aranceles en productos como el arroz. Esto significa que, a partir de ese año, las importaciones de arroz desde Estados Unidos podrán entrar al país sin ningún tipo de arancel, eliminando la barrera que hasta ahora ha protegido a los productores locales.
Los productores extranjeros tienen ventajas sobre los dominicanos, lo que podría acentuar el desafío. Primero, tienen más productividad por tarea por factores como el uso de técnicas agrícolas más avanzadas y el acceso a tecnología.
En República Dominicana, los productores enfrentan altos costos de insumos y desafíos estructurales, como la limitada adopción de tecnologías avanzadas, y un costo de producción más alto, lo que los pone en desventaja frente a sus competidores.