El Senado de la República mostró posiciones encontradas en torno al acuerdo alcanzado entre el presidente Luis Abinader y el secretario de Guerra de Estados Unidos, que permitirá a fuerzas norteamericanas utilizar espacios aéreos y facilidades dominicanas para operaciones de abastecimiento de combustible y apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico.
El vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, sostuvo que aunque el jefe de Estado tiene la potestad constitucional para suscribir este tipo de acuerdos bilaterales, una vez se formalice debe ser remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para su evaluación y eventual aprobación legislativa.
No obstante, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró que si el convenio no introduce elementos distintos ni sobrepasa lo ya pactado en acuerdos similares firmados en 1995 y 2003, no sería necesario que el mismo pase por el Congreso Nacional, por tratarse de una cooperación ya existente en materia de seguridad.
En la misma línea se expresó la senadora Ginette Bournigal, quien afirmó que este tipo de acuerdos no vulnera la soberanía nacional, recordando que ya existen precedentes legales y operativos que permiten este tipo de colaboración con los Estados Unidos sin que ello implique intervención o pérdida de control del territorio dominicano y que el presidente puede realizar este tipo de acuerdos temporales.
De igual forma, el senador Antonio Marte respaldó la iniciativa, señalando que el acuerdo es válido, necesario y enfocado exclusivamente en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, destacando que no representa ningún riesgo para la soberanía del país.
Las opiniones se dan en medio de la visita al país del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. quien se reunió con el presidente Luis Abinader como parte de una agenda orientada al fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad regional. Dentro de ese marco, se planteó el uso de espacios dominicanos para reabastecimiento y apoyo técnico en operaciones antinarcóticos, especialmente en el Caribe, una ruta estratégica para el tráfico de drogas.
El Gobierno ha reiterado que se trata de un acuerdo de carácter técnico, limitado y supervisado por las autoridades dominicanas, enfocado en reforzar la capacidad operativa del país frente a redes del crimen transnacional.
Mientras unos legisladores insisten en que el Congreso debe conocer formalmente el convenio, otros entienden que este se enmarca dentro de acuerdos ya existentes y no amerita una nueva aprobación legislativa, manteniendo abierto el debate sobre los límites entre la cooperación internacional y el control soberano.
Además, hay quienes consideran que el acuerdo más bien, busca apoyar a Estados Unidos en su lucha de presión contra Venezuela.
