La jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para cuatro individuos involucrados en el caso de estafa inmobiliaria y blanqueo de capitales.
Luego de una audiencia que se extendió por más de 12 horas, el tribunal decidió imponer prisión preventiva a Samayra del Rosario Barreto, Astrid Inmaculada Rydelis Bello, Loana Paola Guerrero Millián y Javier Gustavo Ulloa Bueno, quien actúa como abogado en el caso.
La decisión judicial responde a la solicitud hecha por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de La Romana. Además, ambas instituciones pidieron que el proceso sea declarado de tramitación compleja, dada la magnitud del presunto fraude.
Este caso involucra una red que, bajo la fachada de la empresa inmobiliaria Novasco Remax, habría defraudado a más de 500 personas, tanto nacionales como extranjeras. Según el informe financiero preliminar presentado por las autoridades, el monto estafado supera los 18.8 millones de dólares.
Prisión preventiva
Anteriormente, ya se había dictado prisión preventiva para otras tres personas vinculadas con la red: Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Yves Alexander Giroux. Estas personas también están bajo investigación por su supuesta participación en las actividades ilícitas.
- Durante la audiencia, los fiscales presentaron elementos que sustentan la presunta participación de los imputados en la estructura criminal que operaba en el sector inmobiliario de La Romana, utilizando métodos fraudulentos para captar grandes sumas de dinero.
Según el Ministerio Público, la red engañaba a sus víctimas con promesas falsas de inversiones rentables y la venta de propiedades inexistentes o con problemas legales.
La jueza consideró que la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga justificaban la imposición de la prisión preventiva, para garantizar la correcta continuación del proceso judicial. Los imputados deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.
