SANTO DOMINGO.– Un nuevo proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional busca crear un régimen especial para la determinación, reconstrucción de la identidad y regularización de la documentación de personas que han desarrollado su vida al amparo de una cédula de identidad dominicana, pero que actualmente enfrentan un limbo jurídico debido a impedimentos, suplantaciones o irregularidades registrales originarias.
La iniciativa legislativa de la diputada Maribel Almánzar de Ogando surge para subsanar los vacíos dejados por normativas previas como la Ley núm. 169-14, la cual excluía de sus beneficios los registros con falsedad de datos.
El nuevo proyecto argumenta que, más allá de los errores o faltas burocráticas del pasado, estas personas han construido una vida civil, familiar, laboral y económica legítima en el país: han contraído matrimonio, declarado hijos, adquirido propiedades, accedido a empleos y cuentas bancarias, generando relaciones jurídicas que el Estado debe proteger.
El proyecto de ley propone un régimen especial para reconstruir la identidad y renovar los documentos de ciudadanos que enfrentan trabas por irregularidades o inconsistencias en el Registro Civil firmemente en los preceptos constitucionales que consagran la dignidad humana, el derecho a la igualdad, al nombre y a la personalidad jurídica.
Asimismo, reconoce que las deficiencias históricas e institucionales del propio Registro Civil dominicano propiciaron que muchos ciudadanos recibieròn documentos oficiales bajo una presunción de legalidad que hoy les es retirada, vulnerando sus derechos fundamentales.
«No podemos permitir que las fallas del pasado sigan condenando a miles de personas a una muerte civil. Este proyecto de ley no busca premiar la ilegalidad, sino aplicar un principio elemental de justicia y seguridad jurídica: separar el hecho registral original de las realidades humanas, familiares y económicas que se consolidaron legítimamente a lo largo de décadas bajo el amparo de un documento del Estado», señalaron voceros de las organizaciones civiles que promueven la iniciativa.
El régimen propuesto establece que la corrección de las anomalías en los expedientes debe incluir un tratamiento jurídico justo para los actos ya realizados. Con esto, se garantiza la validez y oponibilidad ante terceros de todos los contratos, pensiones, títulos de propiedad y derechos filiales de los afectados y sus familias, protegiendo al mismo tiempo la estabilidad del sistema financiero y del ordenamiento civil dominicano.
Los puntos clave del proyecto de ley
– Protección de los actos civiles realizados: Propone reconocer la validez de los matrimonios, declaraciones de hijos, contratos financieros y propiedades adquiridas bajo la identidad cuestionada.
-Responsabilidad compartida del Estado: Recuerda, bajo el precedente de la Ley 169-14, que muchas de estas situaciones fueron causadas por deficiencias institucionales y burocráticas del propio Registro Civil a lo largo de los años.
-Solución a vacíos de la Ley 169-14: Esta nueva propuesta busca amparar aquellos casos que quedaron explícitamente excluidos en la legislación de 2014, específicamente los registros con falsedad de datos o suplantación imputable al ciudadano, separando las sanciones legales del derecho a la identidad y ordenamiento civil.
– Reconstrucción de la identidad: El régimen especial permitirá corregir los registros correspondientes y dotar a los afectados de documentación regularizada y jurídicamente acreditable.
El proyecto de ley se fundamenta en los preceptos constitucionales del derecho a la dignidad humana, la igualdad ante la ley, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al nombre y la nacionalidad.
