El exministro de Obras Públicas y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, calificó como una “persecución política” el recurso de apelación presentado contra la decisión judicial que le otorgó un auto de no ha lugar en el caso de presunta corrupción administrativa.
El recurso fue interpuesto por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), que busca revertir la decisión emitida el pasado 29 de mayo por el tribunal correspondiente.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Castillo aseguró que la acción tiene como objetivo revocar la decisión judicial y mantener medidas de coerción en su contra, lo que —según afirmó— busca afectar sus aspiraciones políticas con miras a las elecciones de 2028.
“Hoy el Gobierno del PRM y sus abogados apelaron la decisión de la jueza que me otorgó un auto de no ha lugar… Esto es persecución política pura «Lawfare» expresó el exfuncionario.
Castillo agregó que el proceso no logrará detener su proyecto político ni sus aspiraciones presidenciales, asegurando que continuará su camino con respaldo popular.
Recuperación de Patrimonios depositó la apelación
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público depositó el recurso de apelación ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con la intención de que la Corte de Apelación revoque el auto de no ha lugar y ordene la apertura de un juicio de fondo.
El organismo también solicitó que se mantengan las medidas de coerción y las restricciones patrimoniales mientras se conoce el recurso.
El expediente del caso Calamar incluye acusaciones del Ministerio Público sobre presuntos pagos irregulares con fondos públicos durante la gestión de Castillo como ministro de Obras Públicas entre 2012 y 2020.
En clave:
- Gonzalo Castillo calificó de persecución política la apelación en su contra
- El recurso busca revocar el auto de no ha lugar emitido por el tribunal
- El ERPP solicitó apertura de juicio de fondo y mantener medidas de coerción
La acusación
Según la acusación, dichos recursos habrían sido utilizados para saldar deudas por expropiaciones y, presuntamente, financiar actividades políticas, a través de varias instituciones del Estado.
En mayo pasado, el tribunal del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de no ha lugar a favor de Castillo, al considerar insuficientes las pruebas para abrir juicio de fondo en su contra, aunque el proceso continúa contra otros imputados del caso.
