SANTO DOMINGO.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sometió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley orgánica orientado a la creación de un nuevo órgano estatal autónomo y descentralizado, con el propósito de fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y ampliar el acceso a la información pública.
La iniciativa propone la conformación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), entidad que, según el mandatario, dotaría al Estado de mayor independencia y capacidad institucional para promover una administración pública más íntegra, moderna y orientada a la protección de los derechos ciudadanos.
El anteproyecto fue entregado este martes al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por una comisión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y la directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch.
HUBO PROCESO DE CONSULTAS
Ortiz Bosch explicó que la propuesta es el resultado de un amplio proceso de consultas con instituciones, expertos y sectores vinculados a la transparencia y el buen gobierno, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto establece nuevas competencias legales para la DIGITEG, incluyendo la protección de datos personales, la salvaguarda de informantes, testigos y víctimas de corrupción, así como la coordinación de políticas de ética y buen gobierno en toda la Administración Pública y demás poderes del Estado.
Asimismo, contempla mecanismos de control más estrictos, como la obligatoriedad de declarar conflictos de intereses, un régimen de denuncias e investigaciones que permitiría actuar de oficio ante alertas de irregularidades, y un sistema sancionador administrativo que incluye multas e inhabilitaciones temporales para el ejercicio de funciones públicas.
ALCANCE DE LA LEY
La ley tendría alcance sobre servidores públicos, entidades centralizadas y descentralizadas, empresas estatales, órganos constitucionales, gobiernos locales y personas físicas o jurídicas que interactúen con la Administración Pública, en el marco de sus competencias constitucionales.
También se crea el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, bajo la rectoría de la DIGITEG, integrado por principios, normas y herramientas destinadas a fortalecer la integridad, el gobierno abierto, los datos abiertos y la rendición de cuentas.
Este sistema articularía acciones entre los distintos poderes del Estado y organismos públicos, con el objetivo de prevenir la corrupción y promover la cultura de transparencia, incluyendo la elaboración de un programa nacional anticorrupción.
El anteproyecto define además principios de actuación como juridicidad, debido proceso, imparcialidad, eficiencia y cooperación interinstitucional, y establece una estructura orgánica encabezada por un director general, con unidades técnicas y administrativas que serán definidas mediante reglamento.
