El comentarista Julio Martínez Pozo criticó este miércoles en El Sol de la Mañana el manejo jurídico del expediente conocido como Operación Calamar, al que se refirió como “el caso aquel”, y lo catalogó como “un desastre jurídico de cabo a rabo”.
Martínez Pozo cuestionó la estructura del proceso en el que estuvieron vinculados los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y en el que continúa Donald Guerrero. A su juicio, el expediente quedó afectado desde su origen por decisiones procesales que, según afirmó, desnaturalizaron el caso.
Cuestiona exclusión de actores clave
El comunicador sostuvo que uno de los principales problemas del expediente fue la forma en que fueron tratados quienes, según dijo, habrían manejado las operaciones económicas centrales del caso. Criticó que esas personas no hayan sido sometidas a juicio penal ni hayan admitido culpabilidad mediante un proceso abreviado.
“Los principales autores no están ahí. Están exonerados totalmente, pero ni siquiera un penal abreviado, una admisión de culpabilidad”, expresó Martínez Pozo durante su comentario.
Según planteó, esas personas figuran ahora como “colaboradores voluntarios” del Ministerio Público, pese a que, de acuerdo con su argumentación, debieron comparecer con una condición procesal distinta si realmente participaron en los hechos investigados.
Martínez Pozo insistió en que no existe una figura que permita convertir responsabilidades penales en simples acuerdos civiles.
En ese sentido, afirmó que ni un fiscal ni un juez tienen potestad para “civilizar crímenes”, al señalar que la colaboración puede ser considerada por el sistema judicial, pero no elimina por sí sola una eventual responsabilidad penal.
Critica informe usado en la investigación
Otro de los puntos centrales de su crítica fue el informe que, según explicó, sirvió de base para diligencias investigativas, apresamientos y medidas de coerción dentro del caso. Martínez Pozo afirmó que ese documento era “falso” y “espurio”, al sostener que habría sido elaborado por una unidad que, según dijo, no existía formalmente al momento de producirse el informe.
- También cuestionó que el documento no estuviera suscrito por el contralor, a quien atribuyó la potestad constitucional para validar actos de esa naturaleza dentro de la Contraloría General de la República.
“Se articula todo el show de apresamiento y de medida de coerción en base a un documento falso, espurio, totalmente espurio”, afirmó.
- El comentarista agregó que, incluso si esa unidad hubiese existido posteriormente, el informe carecería de validez si no fue firmado por la autoridad competente.
Alega vencimiento de plazos
Martínez Pozo también señaló como otro elemento de debilidad el alegado vencimiento de los plazos procesales. Sostuvo que el sometimiento se habría realizado fuera del tiempo correspondiente y recordó que el Código Procesal Penal establece límites para la duración máxima de un proceso judicial.
Explicó que, a su entender, ese plazo comienza a correr desde que una persona empieza a ser objeto de restricciones, como impedimentos de salida o limitaciones sobre sus cuentas bancarias.
- “Hace tiempo que ese proceso se dio de ese plazo”, manifestó, al reiterar que el expediente presenta fallas desde su concepción hasta su desarrollo procesal.
Para Martínez Pozo, la suma de esos elementos confirma que la Operación Calamar terminó convertida en un expediente jurídicamente debilitado, pese a que en sus inicios fue presentado como uno de los mayores casos de corrupción conocidos en el país.
