Santo Domingo, RD.- La miembro de la Dirección Política del partido Opción Democrática (OD) Virginia Antares criticó la promulgación de la Ley 16-26 por parte del Poder Ejecutivo, al considerar que la normativa presenta “contradicciones constitucionales” y abre la puerta a posibles actos de corrupción en el manejo de fondos públicos.
La excandidata presidencial expresó que juristas expertos han advertido sobre la ilegalidad de reconocer deudas del Estado sin antes verificar su existencia documental y financiera, lo que afirmó vulnera los mecanismos de control público establecidos en la Constitución.
“La nueva ley no corrige la falta de claridad ni de transparencia. No queda claro el monto de la deuda ni cuáles casos serían beneficiados”, expresó.
Antares cuestionó además que el Gobierno promueva un discurso de austeridad mientras impulsa una legislación que permitiría pagar a empresas que alegan haber ofrecido servicios al Estado, sin precisar fechas, montos ni procedimientos claros para validar esas obligaciones.
“Eso huele a corrupción por todos lados. Son personas que dieron servicios al Estado sin contrataciones formales, y eso está mal en demasiados niveles”, sostuvo.
La excandidata presidencial advirtió que la normativa crea una comisión que decidirá la metodología para aprobar los pagos sin pasar por el rigor de la Ley de Compras y Contrataciones, situación que calificó como “la legalización de lo ilegal”.
Asimismo, recordó que la aprobación de esta ley ocurre en momentos en que el país discute reformas para fortalecer la transparencia institucional tras escándalos que han llegado a la justicia, como el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La dirigente política cuestionó además que el presidente Luis Abinader promulgara la ley luego de haberla observado previamente.
“Abinader debe explicar por qué aprobó una ley que él mismo observó con los mismos vicios y con la misma opacidad. Es una burla a la ciudadanía que lleva años luchando por un manejo más transparente de los recursos del erario público”, manifestó.
Finalmente, Antares criticó la rapidez con la que fue aprobada la pieza legislativa y señaló que la falta de reglas claras sobre quiénes entrarían en la lista de pagos pendientes genera dudas sobre la transparencia del proceso.
