La jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, autorizó a Alejandro José Montero Cruz, imputado en los casos de corrupción Coral y Coral 5G, a viajar de manera temporal a los Estados Unidos por motivos de salud.
La autorización judicial comprende el período del 20 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025, conforme a lo establecido por el Tribunal, que también integran las magistradas Tania Yunes y Jissell Naranjo.
Como consecuencia del permiso concedido, el tribunal decidió posponer la audiencia y fijó la continuación del juicio para el 6 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que se reanudará el proceso contra los imputados de la presunta red de corrupción administrativa.
Estos casos involucran a varios acusados señalados por el Ministerio Público de defraudar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, mediante un entramado de irregularidades administrativas, contratos fraudulentos y nombramientos ficticios, principalmente en organismos de seguridad del Estado.
El tribunal indicó que la autorización de viaje se otorgó bajo las condiciones legales correspondientes, mientras el proceso judicial continúa su curso conforme al calendario establecido.
Estos casos forman parte de los procesos anticorrupción de mayor relevancia en el país, por el monto del presunto fraude y la cantidad de exfuncionarios y civiles implicados.
Medidas judiciales y notificaciones oficiales
En el ámbito de la justicia, las medidas judiciales son acciones legales que se toman para garantizar el cumplimiento de una sentencia o para proteger los derechos de las partes involucradas en un proceso. Estas medidas pueden incluir órdenes de restricción, embargos de bienes o incluso la detención preventiva de una persona.
Es fundamental que todas las partes involucradas estén debidamente notificadas de cualquier medida judicial que se tome, para asegurar que se respeten sus derechos y se cumpla con el debido proceso.
Las notificaciones oficiales son comunicaciones formales que se realizan para informar a las partes interesadas sobre el estado de un procedimiento legal o administrativo. Estas notificaciones deben cumplir con ciertos requisitos legales para ser consideradas válidas, como ser entregadas en tiempo y forma, y contener toda la información necesaria para que el destinatario pueda ejercer sus derechos de manera adecuada.
En muchos casos, las notificaciones oficiales se realizan a través de medios electrónicos, lo que agiliza el proceso y garantiza una mayor eficiencia en la comunicación.
En la resolución, el tribunal ordenó a la Secretaría notificar la autorización de salida a la Dirección General de Migración, a la parte solicitante, al Ministerio Público y a la parte querellante constituida en actor civil.
Montero Cruz cumple actualmente medida de coerción consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, la cual fue flexibilizada de manera temporal debido a su condición médica.
Según lo expuesto por las juezas, el imputado requiere atención médica especializada fuera del país, razón por la cual se decidió posponer el cronograma judicial, a fin de garantizar su derecho a la defensa y su presencia en el proceso.
