Diversos sectores de la sociedad civil y líderes comunitarios han encendido las alarmas ante el preocupante incremento de denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la Policía Nacional y unidades del DICRIM. La información, suministrada por el exsenador por La Romana, Iván Silva, indica que múltiples jóvenes han perdido la vida en circunstancias que, según familiares y residentes, permanecen sin ser esclarecidas por las autoridades.
Silva advirtió que este sombrío panorama contrasta de manera dramática con un reciente acto oficial en el que altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, participaron en una ceremonia para intercambiar reconocimientos, medallas y pergaminos.
“La presencia de figuras como la senadora Faride Raful y el director de la Policía Nacional en dicho evento ha sido criticada como una desconexión total con el dolor que viven las comunidades más vulnerables del país”, afirmó.
El exsenador señaló que el sufrimiento de familias como las de Romy Alexander Martínez, Moisés Severino Monegro y Christopher Quezada Estévez resuena en numerosos barrios, donde denuncian que, mientras ellos lloran la pérdida de sus seres queridos, de manera simultánea se premian las acciones de los cuerpos policiales cuestionados.
“Los parientes de las víctimas aseguran que estos actos protocolarios son una burla, especialmente cuando sus casos carecen de una investigación independiente y transparente”, dijo.
La gravedad de las denuncias, añadió, radica en la metodología de los hechos: familiares sostienen que los jóvenes fueron abatidos sin órdenes judiciales ni procesos de investigación que justificaran el uso letal de la fuerza.
