El Gobierno a la fecha registra 287 casos de faltas administrativas remitidos al Ministerio de Administración Pública (MAP) y 49 casos de funcionarios públicos actuales llevados a la justicia. También se han recuperado RD 6,500 millones del patrimonio público y hay más de RD 130,000 millones en casos en curso.
Así lo reveló el presidente Luis Abinader este lunes al presentar, durante La Semanal con la Prensa, los avances alcanzados para establecer un régimen de consecuencias en República Dominicana y llevar a la justicia a toda persona “con acciones que le comprometan con la corrupción, sin importar quién sea ni el momento que sea”.
“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”, destacó el presidente Abinader.
A través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), el mandatario destacó que el gobierno promueve una gestión pública transparente, ética y orientada al bien común, que reconoce el derecho a saber del ciudadano y el deber de informar del Gobierno.
230 instituciones fueron evaluadas entre enero y marzo 2025, de las cuales 211 obtuvieron entre 85-100 puntos, demostrando un alto compromiso institucional con la transparencia.
Faltas administrativas más comunes
Entre 2020 y 2025 se enviaron 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. Se remitieron 49 casos al Ministerio Público con un tiempo de respuesta promedio de 55 días, agilizando así los 90 días que se establecen en el manual. En estos procesos ha sido clave el involucramiento ciudadano, cuyas denuncias han dado paso a muchas investigaciones, aunque no todas resultan en sanciones.
Unidad Antifraude
La Unidad Antifraude de la Contraloría General, fundamentada en la prevención y la investigación, realizó, entre 2021 y 2024, 368 colaboraciones con la Procuraduría General, 31 acciones de prevención, 20 análisis financieros forenses y 72 análisis de denuncias.
